Está generalmente aceptado que la Constitución Española es la expresión técnica de un adecuado acuerdo político para la resolución de problemas de ese orden, pero no estaría de más recordar que también recoge un acuerdo ético de adhesión a unos valores universales superiores que informan todo el ordenamiento jurídico, garantizando la convivencia plural, protegiendo a todos los españoles u pueblos de España en el ejercicio de los Derechos Humanos y estableciendo una sociedad democrática avanzada. Podríamos afirmar sin equivocarnos que los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo y solidaridad en que referencia nuestro ordenamiento constitucional constituyen los ejes desde donde se edifica una convivencia basada en la actitud y virtud cívica de la tolerancia.

Resulta también cada vez más evidente que para construir la Democracia, una convivencia pacífica y plural, no basta con convocar elecciones, modificar instituciones, firmar tratados o desmovilizar grupos armados. Esto aún siendo necesario, no es suficiente, no basta. Es preciso sobre todo, cambiar la imagen que tenemos de los demás y la actitud que mantenemos, transformar el modo de dirimir los conflictos tanto individuales como colectivos, y hacer crecer en la sociedad como valor superior la idea de la dignidad de la persona con sus propias y distintas identidades que encarna la virtud de la tolerancia.

Nuestra Constitución realizó un giro copernicano respecto al régimen anterior de larga y penosa dictadura, estableciendo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y propiciando el respeto recíproco entre las personas iguales en derechos y libertades. Ha sido en este tiempo la piedra angular desde donde se ha creado una cultura de la Tolerancia que reconoce las diferencias y diversidad cultural desde la igual dignidad de las personas, promueve una actitud positiva y abierta hacia los demás y enseña a escuchar, a dialogar y comunicarnos entre todos, una cultura que en modo alguno implica resignación o pasar de las cosas, indiferencia frente a las ideas o conductas recriminables y menos aun, renegar de las creencias o convicciones propias como afirman los detractores de la Tolerancia u por ende de la Constitución. Crear una cultura de la Tolerancia exige fijar los límites de lo intolerable y esto resulta obvio con el uso de la violencia, la lesión de los Derechos Humanos o las conductas fanáticas que en todos los órdenes destierra la Constitución.

Hoy en diferentes cenáculos políticos se habla a menudo de la reforma o no de la Constitución, de problemas territoriales, de superación de modelos autonómicos, de soberanías compartidas ... y hemos de convenir al respecto, son ningún prejuicio de fetichismo constitucional, que cualquier debate ya de ser muy claro, transparente y diáfano en lo que hay que reformar, en lo que ha de ser consensuado y en lo que seriamente ha de ser modificado para mejorar la convivencia cívica y el ejercicio democrático, si no es así corremos el riesgo de falsear el debate, dañar el espíritu de la Tolerancia que se ha desarrollado en España y golpear la convivencia democrática que hemos construido.

La Intolerancia por el contrario, es uno de los grandes desafíos que debemos hacer frente ante el umbral del siglo XXI, es un problema ético u político a la vez. Es la raíz de donde brotan actitudes políticas, económicas, culturales y sociales que dificultan las relaciones humanas y perjudican gravemente a grupos sociales u personas, socava los principios democráticos y hace planear una amenaza sobre la convivencia pacífica, se alimenta de la anomia social y de la ausencia de una ética global y en general va siempre ligada a manifestaciones de odio, marginación, discriminación, segregación y violencia.

En España aún hay muchas víctimas de la intolerancia, como evidencian los atentados terroristas, los crímenes que padecen mujeres, niños o jóvenes víctimas de la sinrazón de la violencia cruel, los grupos sociales excluidos y desfavorecidos, los más pobres, los inmigrantes, las víctimas de desastres naturales ... a todos ellos les queda la esperanza de justicia, del cumplimiento del ordenamiento constitucional. En consecuencia y de acuerdo con los principios rectores: de la Constitución, los poderes públicos deben establecer políticas eficaces de protección e integración social, mejorar las condiciones para el progreso social y el pleno empleo, promover la calidad de vida, la seguridad ciudadana, el acceso a la cultura, el disfrute de un medio ambiente sano y el desarrollo integral de las potencialidades humanas, todo ello fomentando la indispensable solidaridad colectiva u garantizando el cumplimiento de los Derechos Humanos para todos, como la forma más adecuada de seguir avanzando por la senda de la Constitución , el camino de la Tolerancia.

Esteban Ibarra. Presidente de Movimiento Contra la Intolerancia