No olvidamos que dos días después del atentado de Vic –en el que los terroristas asesinaron a nueve personas, cinco de ellas menores– Carod-Rovira escribía: “En nombre de mi partido os pedí formalmente que no actuaseis más en mi país. Habéis respetado la petición seis meses. Ahora sólo me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa”. Esta inmoral posición, reiterada verbalmente, además de irresponsable, debería de estar fuera de la política democrática y en modo alguno ser minimizada o apoyada, como ha sucedido con el cierre de filas de su partido. Sólo así quedará claro lo que no puede hacer, ni decir, un político democrático.

Desde una lógica ciudadana, hemos entendido el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo no sólo como un acuerdo político entre los dos partidos con responsabilidades de gobierno, sino como un compromiso con los ciudadanos, siempre víctimas de la amenaza sangrienta y del temor a que se subvierta el orden democrático. Es imprescindible no aceptar ningún objetivo político que pueda reclamarse en democracia mediante coacciones o asesinatos. Y, para garantizar este principio, se reconoce al Gobierno de España la capacidad de dirigir la lucha antiterrorista. Esto no compete, según el sentido común cívico, a ninguna organización particular, sea independentista o no.

Sin embargo, parece que detrás de esa actitud que niega la más elemental ética ciudadana sólo existiera una voluntad de diálogo (sentimiento que recoge Carod con el lema electoral “Hablando se entiende la gente”). Y no es verdad. De entrada, ningún demócrata se niega a mantenerlo, porque ésta es la esencia de la democracia. No se debe falsear la realidad: quienes niegan el diálogo son los que están en la dialéctica de las bombas; quienes están en la dialéctica de la palabra, se sitúan en las instituciones, como el parlamento y los medios de comunicación libres, y no amenazan ni provocan que 200.000 vascos se autoexílien buscando libertad. Diálogo, sí, pero democrático, porque con quien asesina, sólo cabe el peso sancionador de la ley.

Lo que reclama el dirigente independentista con los terroristas –que, no olvidemos, llevan casi mil asesinatos a sus espaldas– no es diálogo, es un mercado sin límites que quiebre la democracia de nuestro país. No se debería faltar ni insultar la inteligencia de los ciudadanos. Como tampoco el portavoz de ERC, Joan Puigcercós, debería faltarnos, al manifestar: “En Madrid poca gente trabaja, y la rumorología es quizás su dedicación principal durante el día”, en un gesto más de su prejuicio xenófobo nacionalista. Por favor, no nos insulten más y tengan un poco de vergüenza.

Esteban Ibarra
-Presidente del Movimiento contra la Intolerancia-